El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó enviar un exhorto a los titulares del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León y de la Secretaría de Salud del Estado para que diseñen e implementen un programa estatal de vacunación en los centros de reinserción social del estado, con el fin de asegurar el acceso a la vacunación oportuna contra el virus SARS CoV2 (COVID-19).
Asimismo, solicitó también que refuercen las acciones, medidas y protocolos de seguridad sanitaria al interior del sistema penitenciario, con el fin de garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad.
La diputada Norma Edith Benítez presentó en Tribuna el Punto de Acuerdo en base a un análisis realizado por el DNSP, que señala que en el Estado de Nuevo León el centro de reinserción social Apodaca es deficiente la atención a las PPL en condiciones de aislamiento, que hay inexistencia o deficiencia en las condiciones materiales e higiene en la cocina y comedores, así como una deficiente separación entre procesados y sentenciados. Respecto al centro de reinserción social de Cadereyta señala insuficiencia de personal de seguridad y custodios.
Recientemente, se han hecho públicos por medios de comunicación, y reconocidos por las propias autoridades de salud, casos de contagios de COVID-19 en el Reclusorio Femenil de Nuevo León.
Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud en el Estado ha reconocido públicamente que no hay suficientes vacunas para las personas en libertad, por lo que las PPL deberán esperar, pues declaró “no hay vacunas”.
“Es por ello compañeros y compañeras legisladoras que no podemos mantenernos al margen de esta omisión por parte del Ejecutivo Estatal, debemos exigir que implementen mecanismos que permitan la vacunación a la brevedad de las personas privadas de su libertad, máxime que parte de sus derechos radica en recibir visitas de personas del exterior, lo que las expone a un nivel de contagio que podría generar mayores consecuencias en su situación de reclusión”, aseguró la legisladora.
